PROPUESTA DE CEOE SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL 23 Julio 2009

PROPUESTA DE CEOE SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL
23 de julio de 2009

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Concertación y el Diálogo Social, a través de Acuerdos Nacionales de muy distinta naturaleza, estructura y alcance, desde 1979, han permitido ir asumiendo compromisos que han implicado importantes reformas, determinantes para introducir pautas de diálogo y entendimiento entre los agentes sociales, para facilitar la transición a la democracia y hacer más eficaz nuestra integración -primero en la Comunidad Económica Europea y en la Unión Económica y Monetaria, después-, o crear mecanismos que sirviesen para mantener un diálogo social permanente sobre temas de gran interés en diversos ámbitos institucionales.

El Diálogo Social ha permitido también impulsar algunas áreas de especial trascendencia, como son fomentar la estabilidad del empleo, impulsar la formación profesional, especialmente la formación continua de los trabajadores ocupados, o poner en marcha mecanismos voluntarios de autocomposición de los conflictos laborales, entre otros temas.

Resulta difícil entender la evolución de la sociedad española en el presente período constitucional, sin una herramienta como el diálogo social, que ha sido básica para abordar procesos de reforma de manera consensuada, generar confianza y servir de apoyo y aliciente a nuestro desarrollo económico y social.

El pasado verano, el Gobierno, las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y empresariales, CEOE y CEPYME, decidieron abrir una nueva etapa del diálogo social con la firma, en el mes de julio, de la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social, estructurando aquél en torno a una serie de ámbitos de reformas a abordar en el conjunto de la legislatura.

El nuevo diálogo social se planteó como un proceso abierto debido a la situación enormemente cambiante en el terreno económico y del empleo, a fin de establecer prioridades y calendarios adecuados a la evolución de estas variables, y, en todo caso, dejando abierta la posibilidad de acordar la incorporación de nuevas iniciativas en función de la situación económica y laboral que en su momento se consideren de interés para apoyar la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social.

El diálogo social ha contribuido en nuestro país a un desarrollo equilibrado de nuestro marco sociolaboral, al mantenimiento de unos niveles razonables de paz social o a una mejor aceptación y aplicación de las reformas introducidas, además de constituir, en sí mismo, un mensaje de confianza y un excelente ejemplo a la sociedad en la resolución de las discrepancias mediante la negociación y el acuerdo.

CEOE MANTIENE INTACTA SU APUESTA POR EL DIÁLOGO SOCIAL.

Pero no es realista que el Gobierno espere acuerdos de diálogo social en todas las decisiones de política económica y social, muy en particular en las que puedan implicar sacrificios. En consecuencia, el acuerdo es deseable y debe perseguirse, pero no puede ser condición indispensable para la adopción de decisiones que, una vez consultadas las Organizaciones empresariales y sindicales, resulten necesarias para nuestro desarrollo económico y social, y corresponde asumir a quien tiene la obligación y responsabilidad de gobernar.

Desde el día 26 de mayo, que comenzaron las reuniones del Grupo de Trabajo del Diálogo Social –así denominado por el Gobierno-, se han celebrado hasta el día de hoy doce reuniones sin que la posibilidad de un Acuerdo inmediato sea tangible.

CEOE considera que ante la profunda crisis económica que estamos viviendo y que puede ser todavía duradera, por lo que es necesario poner en marcha actuaciones estratégicas que, atendiendo ante todo a los intereses generales y mediante un esfuerzo de responsabilidad colectiva, contribuyan a que la sociedad española y la economía nacional salgan reforzados.
En este sentido, CEOE se reafirma en su voluntad de buscar el mayor nivel de consenso y aunar esfuerzos entre todos – Administraciones Públicas, empresarios, sindicatos, etc.- con la mayor intensidad posible para construir juntos el camino de la recuperación económica y del empleo y la salida de la crisis. Y en ese sentido hacemos un llamamiento, desde el ámbito de responsabilidad de cada uno, a la tarea colectiva de superar el actual momento de gran dificultad.
El esfuerzo que ahora se realice, contribuirá de forma determinante a aumentar el potencial de crecimiento económico. En este sentido, la crisis es también una oportunidad para acelerar, con un horizonte de medio y largo plazo, la mejora de la competitividad del sistema productivo mediante las imprescindibles reformas estructurales.
El entorno institucional y regulatorio en el que las empresas y los mercados desarrollan sus actividades juega un papel fundamental en la competitividad de la economía.
Las actuaciones deben estar orientadas a: i) proteger a las personas desempleadas más vulnerables y favorecer su inserción laboral; ii) apoyar la recuperación de la actividad económica, para mantener el empleo y crear nuevo puestos de trabajo; iii) mejorar el funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo; iv) consolidar un patrón de crecimiento basado en el conocimiento y en un marco regulador propiciatorio de la competitividad; v) desarrollar las reformas educativas, en especial de la formación profesional, y mejorar el funcionamiento de la sanidad y la protección social, contando con la colaboración de la iniciativa privada; vi) adaptar el funcionamiento del mercado de trabajo, y vii) reforzar la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.
En consecuencia, nos parece necesario afrontar la protección a las personas desempleadas más vulnerables –subsidio de 420 €- y/o aquellas otras que necesiten reforzar sus posibilidades de empleabilidad, por razones de edad, género, formación, etc.
Es necesario negociar reformas estructurales que potencien la competitividad de nuestras empresas, tales como la contratación laboral, negociación colectiva, flexibilidad interna de las empresas, simplificación de los procedimientos administrativos y resolutorios en materia laboral, la fiscalidad, la energía, el medio ambiente, etc. Todo ello con un calendario de inicio que debiera comenzar el día 1 de septiembre de 2009. Sin perjuicio de las medidas a corto plazo que disminuyan los costes empresariales.

II. NEGOCIACIÓN DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

CEOE considera que el instrumento primordial para que las empresas españolas sean competitivas en los mercados, es efectuar las reformas estructurales de aquellas materias que ya se han abordado en los países con los que competimos.
CEOE propone que a partir del 1 de septiembre de 2009 hay que iniciar una segunda fase de negociación de reformas estructurales que abarquen desde la contratación, la flexibilidad interna de las empresas, la reforma de la negociación colectiva, los procedimientos administrativos y resolutorios, la fiscalidad, energía, medio ambiente, etc.
Asimismo, CEOE estima conveniente respaldar en este momento las decisiones que se tomen para hacer competitivas a corto plazo nuestras empresas y que esencialmente tienen un enfoque de reducción de costes. Siendo ello compatible con atender a las necesidades de protección social.
CEOE, finalmente, considera que debe existir una transparencia con el conjunto de la sociedad por lo que solicita participar en el seguimiento de todo tipo de acuerdo dentro de un escenario macroeconómico de ingresos y gastos así como en la actuación y valoración de la eficacia de las medidas que pudiesen adoptarse.

III. MEDIDAS NECESARIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

1. Reducción de costes por cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes que afecten al Régimen General.

Para justificar la reducción de costes por cotizaciones empresariales al Régimen General de la Seguridad Social, bastaría con recuperar el exceso de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el periodo 2002-2009 (3.999,26 millones de €), así como la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (2.908 millones de € en 2009), además de los 3.800 millones de € adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de Mutuas y los 4.595,63 millones de € de dotación al Fondo de Garantía Salarial.

La dotación de los dos Fondos citados se ha conseguido por exceso de cotización de accidentes de trabajo y de garantía de los salarios, lo que además podría suponer una reducción de costes futura.

Estos conceptos suman en total 15.302,89 millones de €. Hay que tener en cuenta que el punto de reducción de la cotización de cuotas empresariales por contingencias comunes, en el ámbito privado, no llega a 2.500 millones.

Una reducción de las cotizaciones empresariales en el Sistema General por contingencias comunes generaría un aumento de los ingresos por cotizaciones (por creación y/o conservación de puestos de trabajo), lo que sumado a un ahorro en las prestaciones por desempleo, representaría para el conjunto del Estado un ahorro.

En consecuencia, el incentivo de medio punto de reducción de cuotas de accidentes con carácter general no es otra cosa que el cumplimiento del objetivo fijado en 2008, de reducir la cotización promedio de 2,8 a 2,3 puntos. Hoy está en 2,68 puntos.

En este ámbito, habría que incorporar la elaboración del calendario de separación de fuentes en cuanto a complementos de mínimos de pensiones, con la proporcionalidad adecuada en el periodo que reste, y, si es posible, adelantando el cumplimiento de esta financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

2. Impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en las Pymes.
Necesidad de reducir en 5 puntos en el Impuesto de Sociedades, durante 3 años, para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de Euros en el beneficio no distribuido y destinado a reinversión, sin ninguna otra limitación.

3. Mejora del funcionamiento de las líneas ICO-Liquidez PYME y Medianas Empresas en 2009 y su extensión para 2010.
Las líneas ICO-Liquidez PYME e ICO-Liquidez Medianas Empresas, puestas en marcha por primera vez durante este año 2009 y dotadas, respectivamente con 10.000 y 6.000 millones de euros, constituyen un instrumento fundamental del Gobierno para apoyar de manera directa la financiación de las actividades corrientes de las pequeñas y medianas empresas españolas. Ya en 2009 se han llevado a cabo mejoras en el diseño de estas líneas para facilitar el acceso de las empresas a los fondos y mejorar su eficacia.
Conscientes de las especiales dificultades a las que se enfrentan estos segmentos de empresas claves para la actividad y empleo en nuestro país, CEOE considera prioritario mantener este esfuerzo mientras persistan los obstáculos para la normalización de los flujos de crédito.
Por ello, el Gobierno debe asumir los siguientes compromisos:
a) Adoptar medidas adicionales en las líneas ICO-Liquidez PYME e ICO-Liquidez Medianas orientadas a:
 Incrementar el riesgo sustancialmente en aquellos segmentos del universo empresarial, como las PYMES y los nuevos clientes de instituciones bancarias, que han mostrado una mayor dificultad de acceder al crédito.
 Mejorar las condiciones de precio de las líneas para que resulten más atractivas a las empresas.
 Intensificar, aumentar y mejorar la distribución de las mismas a través de acuerdos preferentes con aquellas entidades financieras que hayan demostrado mayor capacidad de canalizar crédito vía estas líneas.
Para el cumplimiento de estos objetivos el Gobierno se compromete a presentar al inicio de septiembre una propuesta detallada y concreta que recogerá los cambios específicos de cada una de estas líneas así como el calendario para su inmediata puesta en funcionamiento.
b) Extender las actuales líneas ICO-Liquidez PYME e ICO-Liquidez Medianas Empresas durante 2010.
c) Revisar para 2010 el funcionamiento de todas las líneas ICO, acometiendo los cambios y mejoras necesarias para aumentar su eficacia, con el fin de su estandarización, simplificación y rediseño para facilitar tanto la distribución por todo el sistema financiero como la máxima utilización por las empresas.

4. Pronto pago de las Administraciones Públicas a las empresas suministradoras.
CEOE considera que el Gobierno debe comprometerse a presentar antes del 30 de septiembre medidas complementarias a las ya existentes para facilitar el pronto cobro de las deudas pendientes de las Administraciones Públicas con las empresas suministradoras de bienes, servicios y obras. Para ello, el Gobierno se comprometerá a impulsar medidas que favorezcan un rápido reconocimiento de la deuda contraída con las empresas y a facilitar la compensación de deudas y créditos entre empresas y Administraciones Públicas, en los supuestos en que la Administración Pública deudora y acreedora sea la misma. Igualmente es necesario ampliar los plazos en los que las Administraciones Locales pueden presentar sus planes de saneamiento de sus deudas con las empresas y el periodo máximo para amortizar la financiación de las mismas.
Igualmente el Gobierno se comprometerá a resolver, sin dilación, que el pago del IVA en las facturas pendientes de cobro de las Administraciones Públicas no sea anterior al cobro de los importes de las mismas, situación prevista en la Directiva sobre el IVA de la UE.

5. Intensificar en 2010 la inversión pública en infraestructuras y la reordenación del sector de la vivienda.
• Infraestructuras
El Gobierno debe tener como objetivos el aumentar el nivel de actividad y empleo con respecto a 2009, continuar acelerando la ejecución del PEIT, movilizar la actividad de construcción y mantener las infraestructuras de transporte. A tal efecto, los presupuestos de 2010 darán prioridad a la inversión en infraestructuras.
El Gobierno se comprometerá a activar una licitación de choque en 2009 sobre proyectos redactados y aprobados así como a activar el ritmo de las obras en ejecución, cuyos compromisos de gasto no se ajustan a los plazos tecnológicamente aconsejables de sus programas de trabajo, mediante contracciones de crédito y reajustes de anualidades.
El Gobierno concederá avales públicos que cubran la diferencia entre las anualidades existentes y la obra que técnica y realmente pueda ejecutarse.
El Gobierno establecerá los suplementos de créditos necesarios para que en el periodo 2009-2012 se minimice el impacto de la reducción de los Fondos Europeos en la financiación de infraestructuras.
También pondrá en marcha fórmulas nuevas de colaboración público-privada que incorpore recursos adicionales que permitan su financiación.
Se dará prioridad así mismo a las inversiones en materia de transporte de mercancías, en especial a través de puertos y ferrocarril, destinadas a mejorar nuestra posición internacional en términos de costes logísticos y, en definitiva, a reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo.

Vivienda
El Gobierno utilizará el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y los instrumentos que crea necesarios para reconducir e impulsar la actividad y el empleo del sector inmobiliario en 2010. La nueva línea ICO de cobertura de la financiación de vivienda protegida estará operativa hasta finales de 2010 para estimular los préstamos para la compra de vivienda protegida, tanto si ha sido promovida como tal como si proviene del parque de vivienda libre sin vender.
Adicionalmente, y con el objetivo dar salida al parque de vivienda libre sin vender, e impulsar así la reactivación de la actividad de construcción, el Gobierno continuará apoyando su transformación en vivienda protegida y vivienda para alquiler.

Rehabilitación
Entre 2009 y 2012, el nuevo Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación debe financiar ayudas para la rehabilitación de 470.000 viviendas, tanto en actuaciones aisladas en viviendas y edificios como integrales de renovación urbana.
Con el fin de promover la política de rehabilitación, el Gobierno impulsará una reforma de la legislación de arrendamientos y propiedad horizontal destinada a favorecer la reforma de edificios, fundamentalmente para facilitar la eficiencia energética y su accesibilidad.
Estas acciones se complementarán con una política de incentivos a la rehabilitación, incluida la urbana, mediante convenios con CCAA y Administraciones Locales. Con este objeto, los nuevos instrumentos financieros para la economía sostenible contendrán entre sus destinos posibles la financiación a comunidades de propietarios y promotores o gestores de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana.
En cumplimiento del mandato de las Cortes Generales (incluido como Disposición Adicional Segunda del Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, SOCIMI, y aprobado por el Congreso de los Diputados, pero pendiente de tramitación por el Senado), el Gobierno dictará, antes del final del año 2009, una norma reglamentaria que precise el alcance del término “obras análogas”, a efectos del IVA, con el fin de ampliar el ámbito objetivo del concepto de rehabilitación de vivienda. Igualmente, extenderá el citado ámbito objetivo a las ejecuciones de obra que se realicen para la rehabilitación urbana de poblaciones.

6. Mejorar los Servicios de Empleo.
CEOE considera que simultáneamente a la mejora de los Servicios Públicos de Empleo debe intensificarse la colaboración de los servicios privados, autorizando la existencia de entidades con ánimo de lucro de acuerdo con el Convenio 181 de la OIT, en vigor desde 1997. Esta autorización requeriría la supresión de la prohibición expresa contemplada en el Artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores.

7. EREs.
Los EREs de extinción de contrato de trabajo han descendido llamativamente en el último año hasta no superar el 15% de los trabajadores afectados por estos expedientes, fundamentalmente por la incentivación de bonificaciones en las cotizaciones de EREs de suspensión temporal de los contratos. El efecto es francamente positivo porque se evita llegar a la disminución de empleo y al cierre de la actividad económica.
En este sentido, CEOE propone que en los EREs de suspensión temporal de los contratos, se extienda la bonificación al 100% de las cotizaciones empresariales, durante un periodo máximo de 240 días. Ello en tanto en cuanto subsista el riesgo de incremento de los expedientes de extinción.

8. Medidas de control del absentismo laboral.

El absentismo en España es la causa principal de incumplimiento parcial de la jornada laboral contratada individualmente o pactada en un convenio colectivo.

Casi el 75% del absentismo se concentra en la incapacidad temporal –baja de enfermedad- por contingencias comunes, desde el primer al decimoquinto día inclusive de la misma. En ese periodo el empresario abona todas las contraprestaciones al trabajador.

En consecuencia, CEOE quiere concentrar sus esfuerzos en este momento en la incapacidad temporal de los quince primeros días, y en consecuencia propone:

 Que las Mutuas tengan la facultad de dar altas a efectos económicos en los mismos términos que el INSS, contando con la correspondiente participación sindical que se convenga.
 Alternativamente, la supresión de la obligación empresarial del pago de la prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y el decimoquinto día, como sucedía hasta 1992.

9. Prevención de riesgos laborales.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir del consenso alcanzado entre el Gobierno, los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, persigue dos objetivos generales:
 Conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.
 La mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El Gobierno y los interlocutores sociales, acuerdan dar un impulso a la ejecución del 2º Plan de Acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo octubre 2008-junio 2010, dando prioridad a los siguientes asuntos:
 Las actuaciones de asesoramiento público al empresario y de simplificación de las cargas burocráticas derivadas de sus obligaciones preventivas.
 Los trabajos para la mejora de la eficacia y la calidad del sistema de prevención.
 La puesta en funcionamiento de un sistema de incentivos a las actuaciones positivas de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.
 Las medidas para fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aportación de recursos específicos, a través de la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales, para su actuación tanto en el ámbito sectorial como territorial.

IV. ACTUACIONES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE

En línea con la Estrategia de Lisboa el crecimiento económico debe apoyarse más en la innovación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico.
Se requiere trabajar en el desarrollo de un entorno económico sostenible a lo largo de tres dimensiones clave: i) sostenibilidad económica, basada en una apuesta decidida a favor del conocimiento y la innovación como fuente de prosperidad permanente, con el objetivo de que la economía española pueda enfrentarse con éxito al fenómeno de la globalización, desde la base de una economía productiva y competitiva. Asimismo es necesario establecer y consolidar las bases que permitan la producción y abastecimiento de energía como un factor estratégico tanto para el bienestar de la sociedad como un factor competitivo para nuestra industria; ii) sostenibilidad social, basada en un marco socio-laboral que favorezca la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y; iii) sostenibilidad ambiental, basada en una actividad económica que haga un uso eficiente y respetuoso de los recursos naturales, capaz de enfrentarse con éxito a las amenazas planteadas por la elevada dependencia energética de la economía española y el cambio climático.

10. Ámbitos de Diálogo Social Reforzado
CEOE demanda que el Gobierno mantenga su compromiso de seguir un procedimiento de información y consulta a través de estos ámbitos de diálogo, de las políticas actuales así como el desarrollo futuro de las mismas.
Igualmente demanda que en el plazo de tres meses se proceda a comprometer un mix de producción de energía para los próximos años con el objetivo señalado en el apartado i) anterior.
En igual plazo deben revisarse los objetivos de mejora del medio ambiente para ajustarlos a las posibilidades actuales del sistema productivo y así cumplir los ejes económicos y medio ambientales para un desarrollo sostenible.

11. Negociación del sistema de contratación laboral.
España sufre dos problemas diferenciales respecto a otros países de nuestro entorno, menor volumen de empleo (y mayor desempleo) y temporalidad muy elevada. Ambos elementos están relacionados con la existencia de un mercado laboral muy segmentado en dos sectores: uno muy protegido y otro que tiene muy baja protección.

En el actual escenario de crisis, el empleo ha caído drásticamente. Se han destruido más de un millón de puestos de trabajo y el desempleo ha subido por encima de los 4 millones de personas, pasando de una tasa del 8 al 18% en poco más de un año. La temporalidad, por su parte produce una baja productividad y contempla especialmente los contratos de menor cualificación. Como efecto de la crisis que ha ajustado la actividad sobre todo amortizando empleo temporal frente a otros ajustes en tiempo de trabajo o reducción salarial, más difíciles de abordar. En estos momentos, dentro del descenso de contratación, disminuye la contratación indefinida y aumenta la temporal.

En este contexto, los interlocutores sociales consideran que a partir del 1 de septiembre de 2009 resulta necesario negociar:

o Escenarios de creación de empleo, siendo un objetivo perseguible que además el empleo sea lo más estable posible. El control de costes laborales directos e indirectos es esencial para este objetivo, pero la garantía de contar con mecanismos de adaptación es aún más importante.

o La temporalidad estructural que requiera nuestro sistema productivo, debiendo preservarse en este sentido el uso racional del contrato temporal en la línea de otros países europeos.

o Mecanismos alternativos de flexibilidad como el tiempo parcial, entre otros. El contrato a tiempo parcial es esencial como fórmula de generación de empleo, por lo que debiera ser fomentado, evitando los “corsés” a los que viene estando sometido desde su creación. El objetivo es tener contratos a tiempo parcial en parámetros de la Unión Europea de los 15 – deberían aumentar en un 50% sobre los actuales.

o La contratación laboral, tanto en materia de costes de extinción de los contratos temporales y los contratos indefinidos, diferenciando en las causas de extinción entre las que son imputables al empresario y las que no lo son. También debieran homologarse, en este concepto y en los de causas y procedimientos, a los demás países europeos.
12. Negociación de la reforma de la negociación colectiva y su transferencia al ANC.
CEOE propone que a partir del 1 de septiembre de 2009 se negocie la reforma de la negociación colectiva, abordando un replanteamiento de su estructura que permita la simplificación y en definitiva la utilidad de la misma. Todo ello sin menoscabo del estudio y reparto de contenidos, conceptuación jurídica, etc., con aplicación gradual en aquellos conceptos que presenten mayor dificultad.

13. Negociación sobre flexibilidad interna en la empresa.
A partir del 1 de septiembre de 2009, CEOE propone negociar la mejora de la flexibilidad interna en la empresa siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción a fin de dar una respuesta ágil a las necesidades derivadas de las mismas.

14. Negociación sobre simplificación de los procedimientos administrativos y resolutorios.
CEOE propone que a partir del 1 de septiembre de 2009 se negocie la simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral, o supresión de alguno de ellos, todo ello en aras a una mejor respuesta a la competitividad de la economía española.

15. ETTs y Agencias de Colocación.
La regulación actual prohíbe la existencia de Agencias de colocación con ánimo de lucro. Además, está restringida la actuación de las ETTs al único objeto de la cesión de trabajadores, y estas empresas tampoco pueden actuar en algunos sectores por razones de seguridad y salud o en las Administraciones Públicas, y soportan costes de indemnización por finalización de contratos temporales superiores a los del resto de las empresas (12 días frente a 8).

CEOE propone que en el plazo máximo de tres meses se efectúe las propuestas normativas que hagan efectiva la aplicación del Convenio 181 de la OIT que permite la autorización de agencias con ánimo de lucro además de, en el marco de la transposición pendiente de la Directiva 2008/104/CE relativa a las ETTs, para que, en todo caso, a partir del 1 de enero de 2010 estas empresas puedan, en primer lugar, ampliar su ámbito de actuación y actuar como agencias de empleo; en segundo lugar, normalizar su actuación en todos los sectores a la vista de los datos que no muestran una mayor siniestralidad, así como en la Administración; y finalmente, equiparar sus costes indemnizatorios.

16. Evaluar, con una perspectiva de medio plazo, los resultados obtenidos por las medidas adoptadas desde el año 2006 para mejorar la estabilidad y el fomento del empleo.
Una vez finalizado el proceso de revisión de la Negociación Colectiva, el Gobierno junto con los IISS hará una valoración de los resultados obtenidos por las medidas adoptadas desde 2006, tanto en la política de fomento del empleo como en el modelo de relaciones laborales actuales.
Adicionalmente, para reducir la elevada tasa de temporalidad, en un plazo máximo de 6 meses los interlocutores sociales se comprometen a abordar la adopción de medidas destinadas a reducir la temporalidad y fomentar la estabilidad en el empleo.

17. Participación de los IISS en la elaboración y desarrollo de la Ley de Economía Sostenible.
En el Debate del Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno adelantó nuevas actuaciones de política económica para favorecer un patrón de crecimiento renovado. Serán actuaciones en materia como la educación, la I+D+i, la eficiencia en la utilización de recursos y del transporte. la mejora en el funcionamiento de las Administraciones Públicas así como de apoyo a la renovación de sectores tradicionales muy generadores de empleo como el turismo o la vivienda. Todas estas actuaciones se recogerán en un proyecto de ley que se presentará antes del 30 de Septiembre.
El Gobierno se comprometerá a mantener informados y dar participación a los Interlocutores Sociales en la elaboración y desarrollo de la Ley de Economía Sostenible.
18. Instrumentos financieros para la economía sostenible
De los fondos previstos para apoyar la Ley de la Economía Sostenible, CEOE considera de la mayor importancia que el Fondo de Inversión Local 2010, a dotar con 5.000 millones de Euros, se destine a obras de mejora en el ámbito tecnológico, medio ambiental, de infraestructuras rurales y de atención a la dependencia, todas ellas prestadas por empresas.

19. Refuerzo del sistema de apoyo financiero oficial a la internacionalización.
En una economía globalizada, el crecimiento sostenido de un país depende del papel que su economía sea capaz de jugar en el conjunto de la actividad económica mundial. Además, consideran que en el actual entorno económico es necesario aprovechar la capacidad del sector exportador para anticipar la recuperación económica y la generación de empleo. El sistema de apoyo financiero oficial a la internacionalización es uno de los elementos que debe contribuir a estos objetivos.
Por ello, el Gobierno debe comprometerse a adoptar las reformas necesarias para reforzar el actual sistema de apoyo financiero oficial a la internacionalización. En particular:
a) Se doblará la capacidad de actuación de la Compañía española de Crédito a la Exportación, para el año 2009 facilitando que, en línea con la practica habitual entre nuestros principales socios comerciales, pueda ampliar sus mecanismos de cobertura de riesgos.
b) Se adecuará la normativa existente de seguro de crédito a la exportación para incorporar figuras adicionales usadas comúnmente en el comercio internacional cono son las garantías.
c) Se revisará la normativa de funcionamiento del CESCE para dar una respuesta más ajustada a unas empresas más internacionalizadas y ampliar sus actividades de seguro para incluir actividades más amplias que la exportación desde España.
El Gobierno reforzará el presupuesto del Instituto Español de Comercio Exterior, dotándolo de mayores disponibilidades para acometer y desarrollar con prioridad las siguientes actividades:
 Financiar actividades de internacionalización con incidencia en el empleo.
 Ampliar los programas de iniciación a la exportación (Aprendiendo a Exportar –APEX- y Plan de Iniciación a la Promoción Exterior –PIPE-.
 Reforzar las actividades de formación en internacionalización.
 Especial apoyo para actividades en el exterior de sectores mas afectados por la crisis internacional.
 Fomentar los procesos de I+D+i en el exterior de la PYMES españolas.

20. Facilitar el crédito a las PYMES a través de las Sociedades de Garantía Reciproca.

Con objeto de facilitar el acceso a la financiación por parte de las PYMES, el Gobierno se compromete a mejorar, antes del 30 de septiembre, los mecanismos de aseguramiento y reaseguramiento de crédito comúnmente utilizados por estas empresas. Para ello, el Gobierno se comprometerá a flexibilizar el funcionamiento de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), ajustando las condiciones exigidas en sus contratos de reafianzamiento con las sociedades de garantía recíproca y, en función de las necesidades percibidas, a reforzar adecuadamente los recursos económico-financieros de CERSA.
En el marco de estos compromisos se abordarán:
a. Aumentar significativamente la capitalización de CERSA, para dar cobertura a las operaciones garantizadas por las Sociedades de Garantía Recíproca.
b. Mejorar las condiciones generales de reafianzamiento, manteniendo en todo caso, la cobertura prioritaria de las operaciones vinculadas con la inversión innovadora, las nuevas empresas o los microcréditos.
c. Coyunturalmente, en función de la situación de los mercados financieros, se mejorará la cobertura a las operaciones de circulante.
d. Revisar los plazos de otorgamiento de las garantías, para adecuarlos a las necesidades de las empresas y a las prácticas del sistema financiero.
21. Colaboración público-privada para la inversión en sectores preferentes de la actividad económica.
El Gobierno, en cumplimiento del desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, ha presentado el 17 de julio un anteproyecto de ley que regulará la financiación de los concesionarios de obras públicas en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
En este contexto la colaboración público-privada en actividades de I+D+i, vivienda, infraestructuras medioambientales, desarrollo energético y políticas sanitarias y sociales resultan claves para implantar una economía más sostenible y supone nuevas oportunidades de empleo cuya posibilidad no conviene demorar. El Gobierno se comprometerá antes de octubre a articular fórmulas eficaces de colaboración público-privada para la aportación de recursos a estas actividades que, permita acelerar las inversiones en estas actividades.

22. Impulso a las actividades empresariales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Un modelo de crecimiento renovado conlleva actividades de mayor valor añadido en el conjunto del sector productivo español. Para ello las empresas, y en especial las PYMES, deben desarrollar mayores esfuerzos en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Para apoyar nuevas actividades de alto valor añadido es necesario un compromiso del Gobierno con objetivos ambiciosos, Así:
a. El establecimiento de una línea de 1.000 millones de € en avales del Estado para que las empresas puedan obtener financiación para las operaciones de riesgo en el desarrollo tecnológico y la innovación.
b. Una línea de financiación de 500 millones de € para apoyar las investigaciones y la innovación más arriesgada, con créditos a 15 años, cinco de carencia, tipo de interés 0 y sin garantías, para empresas tecnológicas y capital riesgo.
Estos instrumentos financieros buscarían conseguir dos grandes objetivos: que las PYMES desarrollasen esfuerzos tecnológicos y de innovación, por importe similar al que hoy hacen las medianas y grandes empresas españolas, y duplicar el número de empresas que hoy realizan esfuerzos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Se busca financiar actividades de riesgo de las empresas para mejorar sus oferta en el mercado y no subvenciones.

23. Implicación de la política fiscal en materia de vivienda para la consolidación de la economía sostenible.
Los instrumentos fiscales son herramientas útiles para corregir efectos externos y, por lo tanto, su adecuado diseño favorece el crecimiento económico. Por ello, para contribuir desde el ámbito fiscal a crear las condiciones para un desarrollo más equilibrado del sector inmobiliario, el Gobierno queda obligado a mejorar, de inmediato, los incentivos fiscales a la compra de viviendas y se requiere un esfuerzo fiscal adicional para contribuir a la reducción del stock de viviendas.

24. PACTO POR LA EDUCACIÓN
Respecto a la propuesta efectuada por el Gobierno, CEOE haría unas aportaciones complementarias para mejorar el contenido del texto, y que por su extensión no se hacen en este momento.

PACTO POR LA SANIDAD
25. Sistema Nacional de Salud
Los sistemas de protección social constituyen una de las mayores conquistas conseguidas en España en los últimos años capaces de paliar problemas y contingencias que pueden darse en los ciudadanos, al tiempo que son potentes herramientas de redistribución y de cohesión social y territorial. En este ámbito, cabe destacar la importancia del Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de la Dependencia y las políticas de Bienestar Social.
Un Pacto de Estado por la Sanidad, cuyo principal objetivo sea asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, resultaría avalado por CEOE siempre que sus actuaciones tuviesen criterios de equidad, calidad, cohesión, mejora continua de los niveles de calidad en la oferta asistencial y con una orientación de sus objetivos hacia la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
Nos parece imprescindible en este sentido la colaboración empresarial privada para el desarrollo de dicho Pacto.
Además, sería positivo:
• Desarrollar con las Comunidades Autónomas políticas públicas dirigidas a hacer efectivos los principios sobre los que se asienta el sistema: universalidad, equidad, calidad, innovación y cohesión interterritorial.
• Desarrollar políticas específicas para la disminución de las desigualdades utilizando como instrumento las Estrategias de Salud aprobadas en el Consejo Interterritorial.
• Potenciar las políticas de Salud Pública mediante el desarrollo de una Ley de Salud Pública; asimismo, se potenciará el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud; se impulsarán las políticas de control sobre la calidad y seguridad de los alimentos mediante el desarrollo de una Ley de Seguridad Alimentaria; así como las políticas de seguridad y calidad en el ámbito de los medicamentos a través de un nuevo Plan Estratégico de Política Farmacéutica.
El Pacto por la Sanidad, será la herramienta que asegure la sostenibilidad, la cohesión, la calidad, la equidad y la gobernabilidad para un buen funcionamiento de nuestro sistema sanitario con los principios antes señalados.

26. Sistema Nacional de Atención a las Personas en Situación de Dependencia
El Sistema Nacional de Atención de la Dependencia, en cuya creación tuvo un papel fundamental el Diálogo Social, requiere de una constante evaluación junto a las comunidades autónomas y los agentes sociales para poder identificar las áreas de mejora del sistema, a la vez que se ponen en marcha medidas que garanticen una mayor y mejor cobertura de las prestaciones y servicios vinculadas a la Ley.
A este respecto, la mesa de diálogo social de dependencia realizará una continua labor de seguimiento de la Ley, participando activamente en la estrategia de evaluación y mejora del sistema de dependencia que la Ley fija para el año 2010.
Para CEOE, es especialmente importante prestar especial atención a los servicios que se prestan en el sistema y a la promoción del empleo dentro del marco de la Ley de Dependencia.
En este sentido, CEOE propone colaborar con el Sistema a través de la estructura empresarial privada de atención a la dependencia.

27. Separación de fuentes en el marco del Pacto de Toledo.
Con el propósito de cumplir plenamente con las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como con los anteriores acuerdos de Diálogo Social en materia de Seguridad Social, el Gobierno se compromete a elaborar a partir del 1 de septiembre de 2009 un calendario en el que materialice el cumplimiento del objetivo de separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes, siendo compatible con el adelantamiento de la fecha prevista para la separación total.
Los efectos del nuevo calendario deben comenzar en todo caso el 1 de enero de 2010.

V. IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL DESARROLLO DE ESTE ACUERDO
El Gobierno y los interlocutores sociales son conscientes de que buena parte de las medidas comprometidas en este Acuerdo se refieren a materias en las que existen competencias constitucional y estatutariamente reconocidas a las Comunidades Autónomas, y en tal sentido consideran que es imprescindible la implicación de las mismas para la consecución de los objetivos que se persiguen con este Acuerdo. Por ello, siguiendo prácticas ya desarrolladas en el ámbito del diálogo social, trasladarán a las Comunidades Autónomas su voluntad de que se impliquen en la implementación y desarrollo de este Acuerdo.
Por su parte el Gobierno se compromete a reforzar la colaboración con las Comunidades Autónomas, dentro de las instituciones de cooperación actualmente existentes, para llevar a la práctica las medidas contempladas en este Acuerdo, respetando plenamente la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y el principio de lealtad institucional.
Para la adecuada efectividad de lo señalado en el párrafo anterior, se convocará una Conferencia de Presidentes, en la que el Presidente del Gobierno presentará a los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla los contenidos del presente Acuerdo, para reforzar la implicación activa de todas las Administraciones Públicas en la recuperación de la actividad económica y del empleo, la mejora de la protección social y la promoción de una economía sostenible.

VI. COMPROMISO FISCAL.
La crisis económica y financiera golpea a las empresas obligándolas a un severo proceso de ajuste a las nuevas condiciones de baja demanda, dificultades de financiación, retrasos de los pagos de las Administraciones Públicas y aumento de los impagados para evitar el cese de sus actividades y el aumento del desempleo.

Por ello el Gobierno debe comprometerse a no subir los impuestos de sociedades, actividades económicas, plusvalías e IVA. Este compromiso debería servir de ejemplo a las demás Administraciones Públicas.
Un aumento de los impuestos y tasas sobre las actividades empresariales no hará sino agravar la situación de cierre de empresas y de despidos.

VII. CONSIDERACIÓN GLOBAL DE LA NEGOCIACIÓN.
Todo planteamiento queda sujeto a la existencia o no de un Acuerdo Global en esta primera fase.

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